No hay discusión sobre la obligación de contribuir con los gastos del Estado, de hecho la Constitución nacional así lo señala, lo que se discute y critica es la gran cantidad de impuestos fiscales y parafiscales a los que el sector privado está obligado a cumplir.
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| Dr. Jose Gregorio Figueroa Zabala |
Desde el momento que se obtiene el Registro de información Fiscal o Rif, allí nos encontramos con: Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, ley organica contra las drogas de 1 hasta 2%, ley del deporte de 1%, impuesto de ciencia y tecnología, impuesto sobre grandes transacciones financieras, seguro social obligatorio del 9 al 11% , ley de protección de los pensionados de 9%, cargas de Inpsasel, fondo de ahorro habitacional, Inces, aranceles y servicio de aduanas en caso de exportación, ademas se suman los impuestos municipales, como el de actividades económicas, inmuebles urbanos, entre otros.
Todos suman aproximadamente 60% de los ingresos de una empresa , lo cual es un duro golpe para la empresa privada y dificulta el poder de reinversión, aunado a las dificultades de acceder al crédito bancario por el elevado porcentaje del encaje legal, a ello se le puede agregar la incertidumbre político-económica, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal y de bienes, todo se puede traducir en la pérdida de confianza, que es el elemento más importante para poder iniciar un proceso de recuperación de la productividad nacional.
La necesidad de recursos financieros por parte del Estado, más allá de la obligación constitucional de contribuir con los gastos nos lleva a la gran pregunta:
¿Qué se hicieron?, ¿A donde fueron a parar los enormes recursos recibidos por el tesoro nacional cuando el precio del barril de petróleo llegó a 120$ por barril y la producción petrolera sobrepasaba los tres millones de barriles?
La falta de discrecionalidad, racionalidad y transparencia en el manejo del gasto público indudablemente derivó en la difícil situación que se vive actualmente, el calamitoso estado actual de la principal empresa del país como lo es Pdvsa, la corrupción reinante en el aparato burocrático y el desorden en la toma de decisiones han llevado al estado a asfixiar con una gran y elevada carga tributaria a un sector clave para la recuperación nacional como es el sector privado.
Por: Jose Gregorio Figueroa Zabala
@figueroazabala
